Luego del fin de semana largo, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, tendría previsto comunicar el próximo miércoles 25 de marzo la decisión sobre la adjudicación del servicio de transporte público de pasajeros por los próximos 10 años. La definición llega tras semanas de análisis técnico y en medio de un fuerte hermetismo oficial.
El proceso avanzó luego del dictamen de la comisión pre adjudicadora y de la respuesta enviada a la Cámara de Apelaciones de Trelew, en el marco del recurso de amparo presentado por Patagonia Argentina. Según trascendió, estos pasos dejaron al Ejecutivo sin margen para seguir dilatando una resolución clave para el sistema de movilidad urbana.
De acuerdo a fuentes cercanas al Ejecutivo municipal, el informe técnico otorgaría una mejor valoración a MR Transporte por sobre Patagonia Argentina. Sin embargo, el análisis no se limitaría al puntaje, sino que también contempla la capacidad operativa para garantizar la totalidad del servicio bajo las nuevas exigencias del pliego.
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Archivo ADNSUR
En ese contexto, la alternativa que gana terreno es una solución intermedia: dividir el servicio entre ambas empresas, en función de los dos grupos de líneas previstos en la licitación. Esta opción, que ya había sido deslizada meses atrás, aparece como la más viable para evitar conflictos mayores y asegurar la continuidad del sistema sin sobresaltos.
Uno de los factores determinantes en esta evaluación es la posibilidad de que, en caso de no resultar adjudicataria, Patagonia Argentina interrumpa el servicio de manera anticipada. Esto se debe a una cláusula vigente en su prórroga contractual, que le permitiría dejar de operar sin necesidad de sostener la prestación hasta el final del período estipulado, lo que podría generar un escenario crítico en la ciudad.
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Al mismo tiempo, el dictamen también habría detectado inconsistencias en la propuesta de esa empresa, lo que dificultaría que se quede con la totalidad del servicio. Por otro lado, descartar la licitación tampoco aparece como una opción viable, ya que implicaría abrir la puerta a demandas judiciales por parte de ambas firmas.
Con este escenario, la posible división del servicio surge como una salida política y técnica que permitiría reducir tensiones, evitar litigios prolongados y garantizar una transición ordenada. No obstante, el principal desafío para el Ejecutivo será encontrar el sustento legal que respalde una decisión de estas características.