Este viernes por la mañana se desarrolló la audiencia de cesura o imposición de pena en el marco del juicio oral y público seguido contra Blas Bustamante, declarado culpable el pasado lunes por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada”, en un hecho ocurrido el 15 de agosto de 2024 y que tuvo como víctima a un chofer de la aplicación Uber.
La audiencia estuvo a cargo de la jueza penal Daniela Arcuri, quien integra el tribunal unipersonal del caso. Durante el debate, las partes expusieron sus posiciones en relación con las circunstancias agravantes y atenuantes que deben ser consideradas al momento de fijar la pena.
En representación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal Verona Dagotto solicitó la imposición de una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo con el mantenimiento de la reincidencia por segunda vez. La acusadora sostuvo que el hecho reviste especial gravedad por la modalidad empleada y el contexto en el que fue cometido.
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Por su parte, la defensa pública, a cargo de Gustavo Oyarzun, requirió una pena de tres años de prisión, también con el mantenimiento de la reincidencia, al considerar que correspondía aplicar el mínimo legal previsto para el delito por el cual Bustamante fue declarado penalmente responsable.
MPF Chubut
Durante la audiencia se produjo prueba. La fiscal Dagotto expuso los antecedentes penales del imputado, mientras que la Defensa presentó el testimonio de una trabajadora social de la Defensa Pública, quien describió la historia de vida de Bustamante. La profesional relató una infancia atravesada por la vulnerabilidad social, la ausencia de la figura paterna, un grupo familiar numeroso y el consumo problemático de sustancias. Señaló además que el imputado fue padre en la adolescencia, manifestó su intención de abandonar el consumo y solicitó atención médica, y sostuvo que atravesó una doble exclusión producto de la marginalidad y el estigma social.
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Al momento de alegar, la fiscal consideró como agravantes la naturaleza violenta del hecho, su comisión en la vía pública, en horario nocturno, y la extensión del daño causado. En relación con las circunstancias personales del imputado, reconoció el contexto de vulnerabilidad expuesto por la trabajadora social, aunque sostuvo que Bustamante tiene capacidad para comprender la ilicitud de sus actos, internalizar normas y distinguir entre el bien y el mal. Agregó que al momento del hecho contaba con trabajo, lo que, a su criterio, no impidió la reiteración de delitos contra la propiedad.
Respecto de la medida de coerción, la Fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva al considerar que subsiste el peligro de fuga, teniendo en cuenta que la eventual condena será de cumplimiento efectivo en función de los antecedentes penales del imputado.
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En contraposición, el defensor Oyarzun cuestionó las agravantes invocadas por la acusación y sostuvo que no corresponde considerar como agravante el hecho de haberse cometido en un transporte público, al afirmar que el servicio de Uber es de carácter privado. También objetó el uso de los antecedentes penales como factor agravante y reiteró el pedido de una pena mínima. En cuanto a la prisión preventiva, solicitó la libertad de Bustamante con medidas sustitutivas de presentación durante dos meses.
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A su turno, el imputado hizo uso de su derecho a declarar y sostuvo que es inocente, manifestando que se encuentra detenido de manera injusta.
Finalmente, la jueza Arcuri resolvió mantener la prisión preventiva de Bustamante por el plazo de seis meses o hasta que la sentencia quede firme, al considerar que la eventual pena será de cumplimiento efectivo y ponderar, además, los antecedentes penales y el incumplimiento previo de una medida de arresto domiciliario. Asimismo, fijó el próximo 30 de diciembre como fecha para la lectura de la sentencia definitiva.
Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal.