La Justicia que condenó a Cristina Kirchner por el caso de Vialidad quiere acelerar el decomiso de los bienes de los condenados para recuperar los fondos de la corrupción. Y en el conteo de lo que pueden sacarle a la ex presidenta aparece todo lo que incorporó a su patrimonio entre 2003 y 2015.
El listado es largo e incluye propiedades emblemáticas de los Kirchner e incluso dinero físico. Hay cuatro hoteles ubicados en El Calafate, figura el departamento de San José 1111 donde está presa Cristina, el piso de Recoleta donde vivió varios años e incluso los más de 4 millones de dólares que pertenecían a Florencia Kirchner y que la Justicia allanó en 2016.
Los jueces del Tribunal Oral 2 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu son los que están a cargo del decomiso y de la elaboración de los listados de cada uno de los condenados.
La condena que recae sobre Cristina es por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por lo que debe afrontar seis años de prisión más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
De forma solidaria, todos los condenados deben responder ante el decomiso fijado por el Tribunal, que asciende a 684.990 millones de pesos.
La ex presidenta pidió no pagar los $ 684.000 millones de forma solidaria con los demás condenados. Por eso, este jueves a las 12:30 la Sala IV de la Cámara de Casación fijó una audiencia para escuchar a las partes y al fiscal Mario Villar. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, sólo se entregarán escritos y los jueces tendrán cinco días hábiles para resolver si avalan el criterio del TOF 2.
Más alla de eso, los jueces sostuvieron que, por tratarse de las “ganancias obtenidas de la perpetración del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, la suma a decomisar no es otra cosa que una pena accesoria vinculada a la responsabilidad por el delito cometido”.
Además, el decomiso pretende ser «una forma concreta de realización de la idea de reparación”.
Para autorizar el decomiso, explicó que se tendrán en cuenta aquellos bienes “cuyo valor corresponda” al de la maniobra atribuida, como aquellos “bienes en los que se haya transformado o convertido el lucro indebido obtenido, o de bienes con los que se haya entremezclado y confundido”.
Para eso es clave al análisis cronológico de la fecha de adquisición de cada bien o ingreso de los bienes al patrimonio de los condenados: “sólo resulta jurídicamente legítimo vincular al decomiso aquellas incorporaciones patrimoniales que se revelen concomitantes y coetáneas con la maniobra criminal”, que la justicia estableció entre mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015.
Con esa temporalidad fijada por el TOF 2 hay un conjunto de bienes emblemáticos de la fortuna de la familia Kirchner, que pueden quedar sujetos al decomiso.
Por ejemplo, el departamento de San José 1111 donde la ex presidenta cumple el arresto domiciliario por la condena del caso Vialidad, fue adquirido por Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner.
El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por 4 millones de pesos. El mismo día «egresó la suma de 3.959.000 pesos», señala la denuncia.
Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES (bonos soberanos emitidos para favorecer operaciones inmobiliarias en dólares) que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José y Humberto Primo.
En diciembre de 2007 Austral Construcciones le prestó a los ex presidentes 8.329.596,60 pesos. Con ese dinero adquirieron Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate en febrero de 2008. Hacia mayo del mismo año, firmaron un contrato de locación con Valle Mitre (de Lázaro Báez), sin experiencia en el rubro y sin actividad comercial.
Entre 2008 y 2009 adquirieron además, los hoteles Casa Patagónica Los Sauces, Las Dunas (que era una hostería propiedad de Báez) y La Aldea de El Chaltén.
Estos hoteles entran dentro de la ventana de tiempo en la que se cometió la maniobra defraudatoria por la que se condenó a Cristina Kirchner, más allá de que en marzo de 2016 haya cedido a título gratuito sus bienes a Máximo y a Florencia Kirchner.
El juez federal Julián Ercolini en 2017 secuestró 4,6 millones de dólares detectados en una de las dos cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner.
Este año el TOF 5 que realizará el juicio de los casos Hotesur – Los Sauces, ordenó que ese dinero siga cautelado de cara al inicio del debate.
Ese dinero que habría sido en un comienzo los plazos fijos heredados tras la sucesión de Néstor Kirchner, se ubica en la ventana de tiempo fijada por el TOF 2 y la fiscalía tiene bajo análisis el reclamo de ese dinero como parte del decomiso.
El rol de la fiscalía
La tarea de individualizar esos bienes quedó delegada a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El TOF 2 entendió que deben ser ellos quienes precisen las sumas de dinero que se consideren como fruto del fraude al Estado con la obra pública vial en Santa Cruz, al igual que los bienes muebles o inmuebles obtenidos con ese dinero mal habido.
Una vez terminada esta tarea, «se le dará participación a las respectivas defensas a los fines de salvaguardar los derechos e intereses de todas y cada una de las personas interesadas”, se explicó.