Los bloques opositores, con la ayuda de dos libertarios, alcanzaron el quórum, con lo cual se abrió la sesión en la Cámara de Diputados, donde se busca rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones.
La sesión comenzó con la presencia de 136 diputados que fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia para Siempre y radicales. Dos de las presencias que llamaron la atención fueron las de los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.
La decisión generó una rápida repercusión en el espacio oficialista. “Desde el día 1 Marcela Pagano se dedicó a romper el bloque de LLA”, apuntóla diputada Lilia Lemoine, a través de un posteo en su cuenta de X.
Marcela Pagano y Javier Milei. La diputada libertaria se presentó en la Cámara para dar quórum.
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Para conformar el quórum se contó con la presencia de 15 diputados de Encuentro Federal, 10 de Democracia para Siempre, cinco de la izquierda, seis de la Coalición Cívica, 2 de Por Santa Cruz, 4 radicales, 2 libertarios y 90 de Unión por la Patria.
No asistieron los diputados de Encuentro Federal Francisco Morchio —que responde al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio— y de Democracia para Siempre el correntino radical Manuel Aguirre —de campaña electoral en su provincia— y la santafesina Marcela Giorgi, que llegó tarde.
Los radicales que dieron quórum fueron los bonaerenses Karina Banfi y Fabio Quetlas, la cordobesa Gabriela Brower y el porteño Martín Tetaz.
Mientras tanto, en la puerta del Congreso se concentran familiares de personas con discapacidad para reclamar que los diputados rechacen el veto y reafirmen la ley que busca garantizar las prestaciones.
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El Gobierno evaluará acudir a la Corte si el Congreso rechaza los vetos
El Gobierno de Javier Milei analiza acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en caso de que el Congreso rechace los vetos al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
Se trata de una de las alternativas más firmes que evalúa el Ejecutivo, que contempla además la posibilidad de solicitar la nulidad de la sesión del Senado en la que se aprobaron esas iniciativas. Otra de las opciones en estudio es llevar el caso al fuero Contencioso Administrativo.
La estrategia legal del oficialismo está bajo la conducción de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien coordina el trabajo junto con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, los equipos de la Procuración del Tesoro y un grupo de abogados de la mesa presidencial. Desde la Casa Rosada reconocen que el objetivo es «dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia».
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Desde Casa Rosada rechazaron el argumento de que el veto haya validado la sesión y aseguraron que agotarán todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria. “Bajo ningún aspecto vamos a promulgar las leyes. Los fondos no se van a gastar”, manifestaron.
Además, aclararon que no preparan una medida para compensar los vetos con aumentos jubilatorios ni con una recomposición de las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está en la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. “Vamos a seguir recortando pensiones”, agregaron, según publica TN.
Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR