La Justicia de Rawson autorizó la ampliación de una investigación que combina dos figuras penales: el delito de residuos peligrosos en concurso con crueldad animal. La causa se centra en un hecho ocurrido el 28 de febrero pasado en el barrio La Isla, donde se sospecha que un vecino arrojó embutidos envenenados que provocaron la muerte de tres perros y pusieron en riesgo la salud pública.
La jueza de garantías Laura Martini habilitó la continuidad de la pesquisa tras considerar la peligrosidad de la conducta atribuida al hombre señalado como autor de la maniobra.
Según la hipótesis fiscal, cerca de las 21.30 horas de esa jornada, Rivas habría lanzado chorizos impregnados con un potente insecticida dentro de un predio ubicado en la calle Tamariscos. Allí, dos perras y un macho mestizo ingirieron el alimento y murieron poco después.
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Lupe y Sami, los otros dos perros que murieron tras ingerir chorizos envenenados.
La resolución judicial subrayó que el episodio no sólo impactó en los dueños de los animales, sino que también implicó un riesgo para la comunidad, dado que el químico utilizado es letal incluso en dosis mínimas y está prohibido como agroquímico por sus efectos en personas, aves y mamíferos.
De hecho, antecedentes en la región señalan que este mismo producto ya había sido detectado en casos que afectaron a cóndores andinos y otros animales silvestres.
Los propietarios de los perros fallecidos participaron de la audiencia acompañados por su abogado, Romano Cominetti, quien actúa como querellante. La investigación está en manos de la fiscal general jefa Florencia Gómez, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales.
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Manija fue uno de los tres perros que fallecieron tras ser envenenados.
Durante la audiencia, Gómez presentó las pruebas reunidas hasta el momento: pericias toxicológicas realizadas tanto en los restos de embutidos hallados en la zona como en el aparato digestivo de los perros, además de recipientes incautados en la vivienda del imputado. Los análisis, efectuados en el Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, confirmaron la presencia del tóxico en todas las muestras examinadas.
La fiscal añadió que resta coordinar pruebas complementarias que ubiquen a Rivas en el lugar de los hechos y mencionó la existencia de filmaciones que refuerzan la acusación.
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“El químico empleado es extremadamente peligroso para cualquier ser vivo que entre en contacto con él. El riesgo potencial hacia menores de edad y familias que circulan por el sector obliga a tratar este caso con máxima seriedad”, sostuvo.
Por su parte, el defensor Pablo Sánchez se opuso a la apertura de la investigación bajo el argumento de que debía intervenir la Justicia de Paz, y no el fuero penal ordinario. No obstante, la jueza Martini rechazó el planteo y validó la continuidad de la causa en la órbita del Ministerio Público Fiscal.
Con esta decisión, la Fiscalía cuenta con seis meses para concluir la etapa de investigación preparatoria, en la que se definirán las responsabilidades penales y se determinará si Rivas será llevado a juicio.