La semana pasada la Legislatura de Río Negro aprobó una ley que transforma al DPA. Entre las facultades más relevantes se incluyen: generar y comercializar energía renovable (solar, eólica e hidroeléctrica) utilizando infraestructura hídrica existente y tierras provinciales. Esto le permitiría al propio DPA negociar directamente con los distribuidores de energía eléctrica y atraer inversión privada para dichos objetivos. Esto sin la necesidad de que pasen por una aprobación legislativa como es obligación para todo proyecto con energías renovables.
Si el gobierno provincial ya hizo del agua una mercancía teniendo como actores fundamentales del negocio al propio DPA y a ARSA; esta modificación legal cede soberanía sobre un recurso provincial fundamental abriendo la puerta a futuras “concesiones” dentro de los predios del DPA. En simples palabras, privatizaciones encubiertas.
Mekorot le abrió los ojos al DPA
El último gobierno peronista, por intermedio del ex-ministro Wado de Pedro, junto a una comitiva de gobernantes, realizaron un convenio de trabajo con Mekorot, la empresa israelí que cumple un rol clave en el genocidio al pueblo árabe palestino succionando las aguas en sus tierras. Fueron contratos de colaboración firmados entre las provincias, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la empresa sionista. Río Negro fue parte firmantes de esos convenios, por lo que pagó a Mekorot un millón de dólares.
La tarea realizada, guardada bajo siete llaves por la empresa y el propio gobierno de Weretilneck, finalmente se vio reflejada en el “Informe de Avance” con el cual se plantea un plan maestro para el sector hídrico provincial. No importó que en la provincia existan dos universidades públicas con una enorme comunidad científica: el peronismo, junto a Arabela Carreras y luego Weretilneck decidieron cederle todo el conocimiento, la infraestructura y los recursos del DPA a esta multinacional sionista genocida.
Del convenio Mekorot señala y destaca la capacidad de centralización de información y gestión del agua por parte del propio DPA, incluyendo la capacidad de medición de consumo. Esto implica, por ende, la capacidad de calcular el valor económico del agua y proyectar tarifas. Otra de las recomendaciones es que el ente provincial abra la posibilidad de integrar el sector privado y la inversión externa en proyectos de optimización, reutilización y eficiencia hídrica.
Si bien Mekorot no habla explícitamente de que el DPA pueda comercializar energía como sugiere la recientemente ley votada en la Legislatura, sí dejaba una puerta abierta: el agua y su infraestructura podían servir como soporte para proyectos energéticos o productivos, siguiendo la lógica de eficiencia y valorización económica.
Derecho al agua, como a la vida misma
La provincia está enclavada en el epicentro de dos de los ríos más importantes de Argentina, el Negro y el Colorado. Por décadas desarrolló y utilizó en los valles canales de irrigación para decenas de miles de hectáreas de chacras fértiles; mientras en la estepa y zonas cordilleranas se utilizaron técnicas ancestrales de cría de ganado en mallines y bajos que funcionan hasta el día de hoy como verdaderos oasis en medio del desierto. Ni hablar de los embalses aguas arriba, donde se insertan las obras hidroeléctricas de una enorme envergadura como el Chocón.
El imperialismo, decadente, mira la norpatagonia como un enorme reservorio de agua para sus negocios. El plan privatista del DPA es un nuevo avance en ese sentido. Defender el agua es una batalla política vital contra los personeros de este saqueo. La exigencia de Fuera Mekorot que surge en cada manifestación contra el genocidio palestino tiene que seguir haciendo mella.