La caza furtiva representa una de las amenazas más graves para la conservación de la fauna silvestre, ya que provoca la disminución de poblaciones enteras, altera el equilibrio de los ecosistemas y pone en riesgo la biodiversidad.
Además de ser un delito, esta práctica ilegal suele involucrar métodos prohibidos y armas de gran poder que agravan el daño, tanto a las especies como a su entorno natural.
En este contexto, la Fiscalía de Esquel formalizó la investigación contra seis personas —entre ellas el propietario de un campo ubicado a unos 8 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40— por el presunto delito de caza furtiva agravada por el concurso de personas y el uso de materiales prohibidos.
La audiencia realizada en los tribunales de Esquel, donde se autorizó el inicio de la investigación por un plazo de seis meses.
Ministerio Público Fiscal
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Según expuso el Ministerio Público Fiscal, el dueño del establecimiento habría facilitado el predio para que cinco cazadores realizaran caza mayor, pese a que el lugar no cuenta con habilitación como coto por parte de la Dirección de Fauna Silvestre de la Provincia del Chubut.
De acuerdo con la información reunida hasta el momento, los imputados habrían montado un campamento en el que introdujeron armas de fuego en condiciones óptimas de uso, municiones calibre .308 y .300, miras telescópicas, paneles solares, dispositivos de comunicación y un silenciador, elemento cuya tenencia está prohibida por la legislación vigente.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal, la investigación sostiene que los cazadores dieron muerte a cuatro ejemplares de ciervo colorado (Cervus elaphus) sin contar con licencias ni autorización para realizar la actividad en ese predio.
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LA VERSIÓN DE LOS ACUSADOS
En sus declaraciones, dos de los acusados señalaron que llegaron al lugar a través de contactos y que el supuesto coto de caza estaba promocionado en redes sociales.
Afirmaron, además, que al arribar al campo las cabezas de los animales ya estaban allí y que el organizador les indicó que habían sido obtenidas por extranjeros que habían ingresado antes que ellos.
La Fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para concluir la investigación y determinar las responsabilidades penales. Durante ese tiempo, se prevé profundizar en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer el origen de la cacería, la participación de cada imputado y el uso de elementos prohibidos.