La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación salió en defensa del fiscal Eduardo Taiano, que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, luego de las descalificaciones que sufrió por parte del exjefe del Ejército César Milani, uno de los investigados por ese hecho.
Milani, en declaraciones radiales y a través de su cuenta en la red social X, descalificó al fiscal de manera “grosera y agresiva”. Calificó la citación a militares y personal de inteligencia que dependían de él como una “farsa y circo” y tildó a Taiano de “impresentable”. Esto sucede luego de avances en la investigación para esclarecer la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.
El exjefe del Ejército afirmó que el fiscal Taiano actúa como “ejecutor de un guión dictado desde la embajada de Israel y medios alineados”, con el fin de “mantener viva la narrativa del asesinato para sostener el ataque a Cristina Kirchner”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios subrayó que el exfuncionario no utilizó las herramientas legales disponibles para revertir o modificar las resoluciones que considera en crisis.
Esas expresiones, dijeron, tienen la “sola intención de intimidar al magistrado y contaminar el análisis de las evidencias colectadas en las averiguaciones judiciales. “La independencia judicial es un pilar fundamental, y este tipo de acciones socavan el proceso”, dijeron.
En este contexto, recordaron que la “independencia judicial constituye un derecho humano fundamental”, y que los fiscales deben ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad, sin estar sujetos a ningún tipo de intimidación o injerencias indebidas.
Ante estos hechos, la Asociación “exhortó a todos los estamentos comunitarios, y en especial a las autoridades oficiales, a extremar la prudencia en las críticas mediáticas y reprochar cualquier forma de violencia verbal, que afecte el Estado de Derecho”.
Los fiscales aclararon que no se trata de una defensa corporativa sino de “poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en una sociedad democrática”, garantizando así un ambiente propicio para la administración de justicia imparcial.