El gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá indemnizar a la viuda y a los hijos de Elio Edgardo Constantino Cajal, un preso que fue asesinado en la cárcel de Batán en 2016.
El fallo del Juzgado en lo Contencioso N°1 se produjo tras la demanda presentada por la esposa de Cajal, Natalia Rivera, quien argumentó que, aunque el homicida es el principal responsable del crimen, la Provincia también tiene un considerable grado de culpabilidad.
El tribunal estableció una indemnización de siete millones de pesos para la viuda y de tres millones y medio de pesos para cada uno de los dos hijos de Cajal. Esta cifra fue determinada tras evaluar varios daños, como la pérdida de oportunidad de reinserción social y sostenimiento familiar, daño moral y daño psíquico.
En la resolución, se mencionó que existieron deficiencias en el servicio penitenciario que contribuyeron al desenlace fatal, tales como la presunta omisión de garantizar la seguridad de Constantino Cajal.
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Análisis del juez y problemática en el sistema penitenciario
La sentencia, publicada en el medio marplatense 0223, señala que el juez Simón Isacch analizó la denuncia y consideró que las peleas entre internos son una problemática conocida en el sistema penitenciario. Sin embargo, el magistrado concluyó que el Estado provincial podría haber evitado el fatal desenlace.
El crimen de Cajal ocurrió el 16 de enero de 2016 en la Unidad Penal N°44 de Batán, en medio de conflictos con otros reclusos, específicamente Emanuel Tonzo y Víctor Fernández Ale. Diversos testimonios indican que la tensión se incrementó tras un insulto de Cajal hacia Fernández Ale, quien era considerado un líder en el pabellón y no toleraba comportamientos indeseados, como el uso de armas o drogas.
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El día del crimen, Fernández Ale atacó a Cajal, apuñalándolo en varias partes del cuerpo. A pesar de que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, Cajal falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La resolución del Juzgado en lo Contencioso N°1 generó un impacto significativo en el ámbito judicial, dado que establece una responsabilidad compartida entre el Estado y el homicida. No obstante, es importante destacar que la resolución aún no es firme, ya que la provincia de Buenos Aires ha apelado la sentencia. Esto implica que, por el momento, el gobierno provincial no deberá realizar ningún pago de indemnización.
Sistema penitenciario y futuras implicancias
La indemnización a la familia de Cajal se convierte en un caso emblemático que podría influir en futuros juicios relacionados con la responsabilidad estatal en situaciones de violencia en cárceles y resalta la importancia de la seguridad dentro del sistema penitenciario, así como la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de proteger a los internos.