Pocas personas lo saben, pero cada vez que comprás una remera hecha en Argentina, la mitad de lo que estás pagando no es por la tela, ni por la costura, ni por el diseño. Es por impuestos. Así lo explicó Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer, en una entrevista exclusiva con iProfesional. «El 50% del precio de la ropa está compuesto por impuestos».
Muchos consumidores se quejan del alto precio de la ropa cuando comparan los valores locales con los de países vecinos o con lo que encuentran por internet en tiendas extranjeras. Pero desde la industria textil local advierten que esa diferencia se explica, en gran parte, por el esquema tributario argentino. Entre IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, tasas municipales, cargas laborales y costos financieros, producir en Argentina implica asumir una carga impositiva que no se ve, pero pesa.
Y no se trata solo de una percepción del sector. Los organismos internacionales lo confirman: el Global Competitiveness Report del World Economic Forum ubica a Argentina entre los últimos 10 países —sobre un total de 141— en lo que respecta al impacto negativo de los impuestos sobre la competitividad. En la misma línea, el indicador Doing Business del Banco Mundial coloca al país entre las 20 economías con mayor carga tributaria del mundo.
«La estructura tributaria penaliza desproporcionadamente a la producción formal y federal. Afecta la competitividad, el empleo y también los precios que paga el consumidor», remarcó Galfione. Desde su visión, la cuestión fiscal no es un tema técnico o sectorial, sino más bien una barrera estructural para el desarrollo del país.
Importaciones con dumping y carga fiscal extrema ponen en jaque a la industria
Un buzo Dfac tributa hasta un 40%
Para entender cómo este peso fiscal se traslada al precio que paga el consumidor, hay un ejemplo concreto: Dfac, la marca de básicos atemporales, accesibles y sostenibles creada por TN Platex, una de las hilanderías más grandes del país. Dfac basa su modelo de negocio en la eficiencia y la transparencia: vende sin intermediarios, con comercialización directa al público, producción integrada y un fuerte compromiso con mostrar al cliente el desglose real del costo de cada prenda.
En su tienda online, cada producto detalla de forma abierta cuánto representa cada componente del precio final. En su producto más caro —un buzo de frisa oversize de algodón peinado, que se vende online a $40.300—, el 40% del precio corresponde a impuestos y contribuciones. El resto se reparte entre materia prima (6%), mano de obra (12%), costo industrial (11%), marketing y publicidad (12%), comisión de Mercado Pago (8%) y costos administrativos (4%). El margen neto que le queda a la empresa es de apenas un 7 por ciento.
Esto demuestra que, incluso en un modelo eficiente y transparente como el de Dfac —que realiza internamente casi todas las etapas del proceso, desde el hilado hasta la confección, excepto la tintorería—, los impuestos terminan siendo el componente más elevado del precio.
Desde la Fundación ProTejer advierten que no se puede sostener una industria nacional, que emplea a más de 500.000 personas, si el que produce paga todo y el que importa entra sin controles. En el primer cuatrimestre de 2025, las importaciones de indumentaria crecieron un 113% con precios promedio de 17,3 dólares por kilo, el valor más bajo en once años. China representó el 70% de esas importaciones, que ingresan muchas veces con condiciones de competencia desleal.
«Producir en Argentina es pagar impuestos para competir con productos que vienen subfacturados, sin controles y con condiciones laborales que no se permiten en nuestro país. Así es muy difícil sostener el empleo y la producción nacional», advirtió Galfione.
Dfac muestra cómo una prenda nacional tributa más que lo que gana la empresa
En la última Encuesta de coyuntura realizada por la fundación en el primer trimestre del este año, el 84% de las empresas respondió que considera prioritaria una reforma tributaria orientada a la producción, seguida por el control de la competencia desleal (54%) y la corrección del tipo de cambio (38%).
«La apertura comercial no puede, ni debe, traducirse en una competencia basada en estándares laborales indignos, sin convenios colectivos, sin regulaciones ambientales y con subsidios encubiertos por parte de otros países», enfatizó Galfione. «En esas condiciones, no solo es difícil competir para el sector textil, sino para cualquier industria que produzca con reglas formales y respetuosas del trabajo y el ambiente».
Desde ProTejer también sostienen que reducir la carga impositiva no solo mejoraría la competitividad de la industria local, sino que también contribuiría a bajar los precios al consumidor.
El precio final de la ropa hecha en el país resume todos estos conflictos. No es solo una prenda de uso cotidiano, es un termómetro del entramado productivo argentino y una señal de alerta sobre la necesidad de discutir cómo se diseñan los impuestos, qué sectores se privilegian y quién termina pagando el costo de competir en desventaja.