El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemorado cada 24 de marzo en Argentina, tiene como propósito mantener viva la memoria de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar que azotó al país entre los años 1976 y 1983.
Este período sombrío de la historia argentina se caracterizó por una sistemática violación de los derechos humanos, persecuciones, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Cada 24 de marzo, bajo el lema «Nunca Más», se busca generar conciencia y construir una sociedad basada en los valores de la justicia, la democracia y el respeto a los derechos fundamentales.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón, instaurando un régimen de facto que se autodenominó «Proceso de Reorganización Nacional».
Este período estuvo marcado por una política de terrorismo de Estado que incluyó la desaparición forzada de aproximadamente 30,000 personas, la censura, el exilio de miles de ciudadanos, y una violencia institucionalizada contra quienes eran considerados «subversivos».
Las víctimas no solo eran activistas políticos, sindicalistas o estudiantes, sino también personas inocentes que fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a vejámenes inimaginables. El lema «Nunca Más» surge a partir del Informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Esta comisión se encargó de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, recolectando testimonios y pruebas de la magnitud del horror vivido. El informe fue publicado bajo el título «Nunca Más» y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Argentina y en el mundo.
Proceso de investigación
El proceso de investigación de los crímenes de la dictadura no ha sido lineal ni exento de obstáculos. Tras el retorno a la democracia en 1983, el gobierno de Alfonsín impulsó los Juicios a las Juntas Militares, un acontecimiento inédito que buscó llevar a los máximos responsables de la dictadura ante la justicia.
Este juicio representó un momento histórico, ya que fue la primera vez en la historia moderna que se juzgaba a los integrantes de un régimen militar en el mismo país donde habían cometido sus crímenes. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, junto con los indultos otorgados durante el gobierno de Carlos Menem en los años 90, bloquearon la posibilidad de juzgar a muchos responsables de violaciones a los derechos humanos. Esto generó un fuerte descontento en las organizaciones de derechos humanos y en amplios sectores de la sociedad que demandaban verdad y justicia.
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